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El Ayuntamiento de Collado Villalba ha iniciado los trámites para la apertura de un expediente sancionador a la empresa adjudicataria del Servicio de Limpieza y Desinfección de los colegios de Collado Villalba, AEMA Hispánica, ante los graves incumplimientos detectados, entre los que destaca el impago de las nóminas del mes de mayo a 80 trabajadoras, que ya habían sufrido anteriormente diversos retrasos en el abono de sus salarios.

La alcaldesa, Mariola Vargas, también ha solicitado la imposición de penalidades a la empresa, por su “absoluta negligencia” en el cumplimiento del contrato, en aspectos como la falta de materiales y productos de limpieza, incumplimiento de horas de trabajo, prestación deficiente del servicio, retraso en el envío de las facturas, falta de asistencia a las reuniones de la mesa de seguimiento del contrato o la falta de cobertura de las bajas médicas, entre otros.

La gravedad de los incumplimientos detectados podría acarrear a la concesionaria sanciones por importe de 63.000 euros, a los que hay que añadir la reclamación, por parte del Ayuntamiento, de más de 92.000 euros en concepto de horas ofertadas y no realizadas, con un total de 155.357 euros.

Pero la imposición de penalidades tendría como consecuencia adicional, y más grave para la empresa, la prohibición de presentarse a la adjudicación de contratos similares tanto en el Ayuntamiento de Collado Villalba como en otras administraciones públicas.

“Todo lo que estamos haciendo, en la medida de nuestras posibilidades, que son limitadas, está encaminado a ayudar a estas trabajadoras y también a prevenir que en el futuro no puedan repetirse este tipo de situaciones en ningún ayuntamiento más, impidiendo que esta empresa vuelva a presentarse a una licitación y que, de esta forma, ninguna trabajadora de la limpieza se vea en una situación tan terrible”, ha explicado la alcaldesa, Mariola Vargas, quien ha anunciado que el próximo jueves, día de Pleno Municipal, “saldrá con las trabajadoras a manifestarse y pedirle a este señor (dueño de la empresa adjudicataria) que las pague ya de una vez”.

El Ayuntamiento, margen de actuación limitada

La regidora municipal ha explicado que están haciendo todo lo que pueden, en el marco de la legalidad vigente, para ayudar a las trabajadoras, y en este sentido ha indicado que han fijado como prioridad el pago de las facturas de la empresa AEMA Hispánica, con el fin de que ésta abone, a su vez y cuanto antes, sus salarios a las trabajadoras: “si la ley nos da 30 días para pagar las facturas, hemos pagado en 16, y porque les pedimos que nos proporcionen las facturas, porque ni siquiera nos está enviando las facturas puntualmente, tan solo a requerimiento nuestro”.

Entre las propuestas del Ayuntamiento para solucionar la situación de las trabajadoras, destaca el envío de una comunicación a la empresa para que ésta autorice la retención de las cantidades adeudadas como salario y el pago directo de las mismas a las trabajadoras por parte del Consistorio, algo que no sería posible legalmente sin esta autorización, pero el área de Educación no ha recibido respuesta alguna a esta propuesta.

Mariola Vargas ha calificado la actuación del dueño de la empresa adjudicataria de “extorsión y chantaje, con decisiones más propias de Al Capone que de un empresario español. Ha tomado como rehenes a un grupo de trabajadoras, que son las verdaderas víctimas de toda esta situación”.

Un servicio esencial

El objetivo de todo ello, según ha asegurado la primera edil villalbina, es “tensionar el contrato, dejando de pagar a las trabajadoras, para conseguir más dinero”.

“Le hemos preguntado que cómo es posible que licitara a la baja y ahora diga que no gana dinero. Él nos ha manifestado que durante los dos primeros años le funcionó pero que en la actualidad han subido los precios de los productos de limpieza y los salarios de las trabajadoras y no gana lo suficiente, por lo que quiere resolver el contrato”, ha añadido.

Sin embargo, Mariola Vargas ha dejado claro que “se trata de un servicio esencial, que debe seguir prestándose. Al empresario le hemos indicado que necesitamos tiempo para redactar un nuevo pliego, con requisitos complejos, como su publicación en el Boletín Europeo, lo que llevaría al menos tres meses. Pero entretanto le hemos advertido de que, tal y como marca el contrato, está obligado a seguir prestando un servicio esencial para los ciudadanos y pagando puntualmente a sus trabajadoras”.